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Ministro Eyzaguirre: "Todos quienes administran fondos públicos deben hacer buen uso de ellos, y en la medida que no se haga, existe un debido proceso"

Así lo explicó el secretario de Estado luego de participar en nueva sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, enfatizando que hacer polémica ligando los conceptos de lucro y cárcel es “sacar las cosas de contexto y darle una espectacularidad inapropiada”


24 de septiembre, 2014
El Ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, participó en una nueva sesión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en el marco de la votación del proyecto que pone fin al lucro, la selección y el copago.
Luego de la sesión, y consultado sobre si el lucro se sancionará con cárcel, el titular de Educación manifestó que esto es “sacar las cosas de contexto y darle una espectacularidad inapropiada a un tema que hemos tratado conversando con entera seriedad”.
En este sentido, el ministro explicó que lo que se establece es lo que en la jerga común se define como ‘ley pareja no es dura’; esto es "que todos los que administran fondos de terceros deben hacer buen uso de esos ellos y en la medida que hagan un uso inapropiado de esos fondos –ya sea quienes retienen los fondos previsionales de un empleado; quienes administran los fondos de los empleados, las AFP; quienes administran fondos públicos siendo funcionarios públicos o siendo sostenedores de colegios particulares subvencionados o públicos- en la medida que no hagan buen uso de esos fondos, hay todo un debido proceso".
Consultado respecto a la indicación referente al funcionamiento de las ATE (Asistencias Técnicas Educativas), el ministro manifestó que ésta no se enmarca en la finalidad del proyecto; pues “el proyecto se refiere a regular el modo de funcionamiento y el lucro en los establecimientos educacionales, no en organizaciones que brinden servicios a los colegios”. No obstante, el ministro enfatizó que sí es un tema a tratar, “en el sentido de asegurar que lo que le entregan a los colegios -porque en definitiva son servicios pagados con recursos públicos- sea de calidad y a un precio justo”.